El superávit de muertos, en Argentina, sigue estando del lado de los
inocentes. Uniformados o no, la cosecha de cadáveres sigue la misma tendencia
en la inseguridad envolvente.
El capital cultural violento se impone.
La carga delictiva es cada vez más siniestra y alevosa. Amparada en los
años de abulia, negación e impericias, hoy se encuentra bajo un nuevo “amparo”
que consiste en reglamentos efectistas, slogans y frases para sostener y
conformar a la sociedad lícitamente harta y desgastada. Es que la
delincuencia, que hace tiempo dejó de ser improvisada, reconoce que no saben qué
hacer con ella. Que el aparato no se pone de acuerdo y que todas las esferas de
la sociedad no están coordinadas para alcanzar el ansiado desarrollo humano
integral.
El reglamento de la controversia, a los delincuentes, ni les preocupa,
ni les ocupa. Porque nadie ha sabido medir como ellos la permeabilidad de la
seguridad hoy enarbolada en la moralidad. El crimen sabe, que los mismos que
fueron tildados como conniventes a la penetración del narcotráfico en el país, son los
hoy ponderados por la nueva administración.
Hay una incomprensión acerca de por dónde pasa la autoridad. Y la
autoridad no se reduce al uniforme ni a la cantidad de uniformados. El criterio
lógico de autoridad, que impone respeto y medida, pasa por la racionalidad y la coherencia de las acciones que se toman.
Sin tiros contra los narcos en frontera, un subsecretario de fronteras,
Matías Lobos, haciendo campaña en el Conurbano -San Martín- y soldados que llegan para
complementar a Gendarmes ausentes, no marca precisamente la coherencia que se requiere para evitar el papelón estampillado en frases contrariadas a las acciones sostenidas: "Argentina sin Narcotráfico" y "Fronteras Seguras".
Después del G-20
El G-20 disparó, ante la irreprochable seguridad de poco más de 48
horas, un reglamento que ya encuentra resistencias y apoyos en diversas capas
políticas y sociales. El mismo ha sido creado para ser aplicado por cuatro fuerzas federales. Se
trata de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la PSA.
El tema es que la seguridad del G-20 estuvo configurada en corralitos
con corredores en donde las Fuerzas operativas tuvieron un previo
reconocimiento territorial, precisas instrucciones y recursos finamente formados
y preparados.
Ahora bien, el G-20 tuvo una excelente base local pero al mismo tiempo
un soporte internacional de cada una de las delegaciones que no dejó librada la
seguridad de los mandatarios y sus comitivas a las características de un país
excedido por un partido de fútbol que no fue. El potencial partido marcado por
la barbarie y la inoperancia que terminó con la baja del fallido Ministro de
Seguridad de CABA, Martín Ocampo.
Frente a esta situación se generan controversias, contradicciones, pujas
políticas, apreciaciones morales, fundamentalismos y garantismos. Estar o no a
favor sin revisar cinco temas básicos para tomar medidas en materia de
seguridad:
1- Estado del tejido social.
2- Estado de corrupción de las fuerzas de seguridad.
3- Niveles de violencia delincuencial.
4- Influencia de la droga en los diversos delitos.
5- Estado de la Justicia.
Lo cierto es que el Ministerio de Seguridad, ensanchado en sus
capacidades, abrazado al slogan, embelesado por el emergente bolsonarismo y
extasiado por la acumulación de incautaciones de droga –tsunami narcótico que
no se detiene por qué la política es meramente reactiva- se repliega sobre un
reglamento de uso de armas de fuego de efecto mediático bien logrado que
responde a cuatro cuestiones claves:
1- La carga violenta de la inseguridad.
2- La demanda social.
3- El aval presidencial.
4- El año electoral que viene.
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Las armas forman parte de la Policía, no son un instrumento que se
incorpora a las fuerzas. Lo que debe preocupar y ocupar es si todos los
efectivos de todas las fuerzas involucradas están capacitados y en condiciones
para cumplir con el mismo de forma acabada y no selectiva, convirtiendo a la
bala en el plan primario.
El protocolo debe tener un seguimiento sumamente riguroso porque la
línea de cruce a la bala fácil es extremadamente delgada. De ahí la importancia
de saber cuál es el estado de la fuerza de seguridad. Cómo se encuentra.
El reconocimiento del estado:
1- Estado psíquico de efectivos.
2- Formación, capacitación y conocimiento territorial.
3- Corrupción estructural, sectorial o aislada.
4- Conforme al punto 3, vínculos con delitos complejos, narcotráfico,
trata personas, etc
De los cuerpos habilitados, la Federal y la Gendarmería son los más articulados. La Prefectura
y la PSA conforman fuerzas cuya creación siempre ha sido cuestionada, puesto
que su configuración nunca fue clara. De hecho, Prefectura, debería
ser absorbida por la Marina. Algo que al Ministro de Defensa, Oscar Aguad, según informantes de su cartera, no le disgustaría.
Por otro lado, es la Policía Federal la única que conoce
acabadamente las grandes urbes. Razón por la cual, el
entrenamiento se impone para el resto de las fuerzas que actúan en lugares del centro en donde no son operativas porque no fueron formadas para tales territorios.
La lógica es no generar una masacre.
La droga detrás del delito
Detrás del 80% de los delitos está la droga.
Y dentro de ese 80%, más de la mitad es por consumo. Si bien no todo
adicto es delincuente, la ley de salud mental debe cambiar y obligar a todo
consumidor a tratarse por un tema de salud y también de prevención. Se trata,
sin más, de no alcanzar escenarios trágicos.
Por otro lado, el reglamento puede terminar en una cuestión de
gatopardismo o bien, en el efecto paradojal que deteriorará todavía más al
tejido social ya desintegrado.
Se necesita, sin lugar a dudas, de un hilo conductor que vaya enlazando a
los diversos ministerios para apuntar a la integralidad de la construcción real
de un clima de seguridad. No solo se trata de voltear a malditos delincuentes
como si estuviésemos insertos en un videojuego, se trata de que la delincuencia
no se siga reproduciendo sobre la marginalidad que no tiene una vía de
saneamiento.
El disparo
El disparo es la última instancia del protocolo como bien dijo la
Ministro Bullrich junto a sus buenos muchachos.
Si eso no está claro habrá un efecto no deseado a nivel ministerial que
reproducirá derramamiento de sangre, exponiendo aún más a la sociedad que
podría quedar en medio de un nuevo caos entre fuerzas que chocan. Amparadas
unas por un reglamento del Ministerio de Seguridad de la Nación y amparadas otras
en su propio reglamento, el de la calle furiosa.
Queda claro que depende de las fuerzas de seguridad que el reglamento no
se convierta en gatillo fácil o sólo bala. Depende del cumplimiento acabado del
protocolo que la bala sea la última instancia.
Al cierre de éste análisis, la extensión del reglamento a las provincias
es controversial porque los gobernadores saben bien cómo es el estado de su
policía y de sus realidades.
Las posturas son encontradas y todas con argumentos válidos.
No
queda claro si el abrir fuego es para disuadir o claramente para reducir.
Lo cierto es que en estos momentos, los sectores sensatos de las fuerzas
de seguridad, están atentos y estudian cómo implementar el reglamento porque
hay una justicia que luego dictamina. Pero también está la otra cara de las
fuerzas, los sectores desviados en menos y en más que se sienten iluminados
por el fuego. Sostenidos en el regocijo, como dice una fuente interna en
desacuerdo, "de poder salir a matar".